La directora de la ong internacional Save the Children en el Perú, Teresa Carpio, condenó hoy que remanentes de Sendero Luminoso pretendan usar niños en acciones de violencia, y saludó que las fuerzas del orden evitaran esta semana el secuestro de dos menores.
Carpio destacó la labor del personal de las Fuerzas Armadas que permitió detener al presunto delincuente narcoterrorista Sergio Velásquez Santos (20), en momentos en que plagiaba al niño de iniciales A.V.C. (8) y a la niña B.O.S. (6), en la zona del VRAE, para aparentemente entregarlos a una organización subversiva.

Enfatizó que tanto la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como el Código de los Niños y Adolescentes prohíben el reclutamiento de menores de edad para guerras o conflictos internos, por cuanto constituyen las peores formas de violencia contra la niñez.

Manifestó asimismo que se debe estar vigilante para que el Ministerio Público denuncie a los autores de este hecho por el delito de secuestro, que la legislación sanciona con penas severas esta acción, y no sólo por terrorismo, como suele ocurrir en algunos casos.

Dijo también que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ente encargado, entre otros asuntos, de velar y proteger a la niñez y adolescencia, debe adoptar las medidas para el cuidado y asesoría psicológica a los menores rescatados.

Indicó que Save the Children conjuntamente con la Coordinadora Internacional de Derechos Humanos entregó al Poder Judicial, en un amicus cure (amigo del tribunal), información sobre la legislación internacional e interna que para que sea aplicaba a quienes secuestran a menores.

Carpio planteó que el Estado peruano implemente en la legislación interna el protocolo facultativo que prohíbe la utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados y actos hostiles.

Explicó que si bien el Perú ha suscrito dicho protocolo que forma parte de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene que haber una figura específica en la legislación interna.

“Lo que falta es que en nuestra legislación, como en cualquier país, adecue este protocolo para que luego se establezcan las sanciones correspondientes”, señaló.